Sergio Massa: Un narcopolítico a la mexicana

   El candidato presidencial por la República Argentina, Sergio Massa, quien fuera Jefe de Gabinete entre los años 2008 y 2009 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner e intendente del municipio bonaerense de Tigre durante dos períodos (2007-2008 y 2009-2013), es uno de los tres políticos con reales posibilidades de acceder a la cúpula del poder estatal argentino. Si bien, es difícil que logre alcanzar el sillón presidencial dado que la diferencia de votos que sacó el candidato más votado respecto a él, es muy amplia (Daniel Scioli, del FPV-Frente para la Victoria-, quien duplicó los votos del frente electoral que nuclea a Massa), lo cierto es que las intenciones del equipo liderado por este candidato se asemejan a las practicadas por el Estado mexicano de sus dos últimos gobiernos: Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012 hasta la actualidad).

   Estas políticas, lejos de centrarse a fomentar el desarrollo de la industria nacional, o a defender la soberanía territorial a contraposición de la entrega de los recursos a los monopolios extranjeros, o a mejorar la salud o educación del sector público, se dirigen descaradamente hacia la constitución de un nuevo sistema de democracia sociopolítica: la denominada Narcocracia o la democracia narco. La diferencia fundamental con la democracia parlamentaria radica en la sensación de una “Guerra contra el narcotráfico” que invade a la población, y se caracteriza por el carácter “bélico” que toman las decisiones de los gobernantes, las cuales se plasmarán en la realidad como aumento de presupuesto para las fuerzas represivas del Orden, más libertad de acción (es decir, de represión), mayor militarización de los barrios pobres -villas- y un aumento superlativo de la criminalización.

Guerra contra el Narcotráfico: Caso mexicano

Militarización en México.

   El primero de diciembre de 2006, en su primer día como presidente electo de México, Felipe Calderón le incrementaba el salario a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas mexicanas. Apenas diez días después dio inicio al primer operativo militar, el Operativo Conjunto Michoacán, enmarcado en la “Guerra contra el Narcotráfico” y el crimen organizado. Según los pensadores de este proyecto, el objetivo era desarticular, debilitar y destruir a los cárteles del narcotráfico, mediante el uso de la violencia estatal llevada al cabo por su brazo armado, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el aparato represivo mexicano no viene operando desde hace nueve años, en soledad. La Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la SEDENA -Secretaría de Defensa Nacional-, entre otros organismos, reciben apoyo internacional permanente de los Estados Unidos (quien planea la Iniciativa Mérida), por medio de la DEA -Administración para el Control de Drogas-, el FBI y el Cuerpo de Alguaciles, y Colombia.

Un Estado al servicio de la Guerra contra el Narcotráfico.

   Independientemente que el gobierno admita que se avanzó contra el narcotráfico gracias al asesinato de alrededor de 25.000 sicarios (por su parte, fueron 491 las bajas de uniformados, entre militares, marinos y policías federales), la desarticulación de varios cárteles como el de Los Negros o Milenio y la captura de líderes importantes del crimen organizado, las consecuencias de la ‘Guerra contra el Narco’ han sido desastrosas para la población civil.

   La violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y los asesinatos de lesa humanidad se multiplicaron desde la instauración de la Narcocracia. Se estima, como mínimo, un saldo de 60.461 muertos, de los cuales 59 eran periodistas, producto de esta Guerra entre el Estado mexicano y los cárteles de droga. Además, el Ejército, utilizando el pretexto de la lucha armada contra el Narcotráfico, asesinó guerrilleros del EPR -Ejército Popular Revolucionario- y del ERPI -Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente-, ambas organizaciones marxistas-leninistas que operan actualmente en los montes mexicanos. También han sido capturados autodefensas, entre los que se destacan los reconocidos Hipólito Mora y José Mireles.

   No pareciera ser un buen ejemplo a seguir implementar la denominada "Guerra contra el Narcotráfico" que causó y aún hoy continúa provocando estragos en la población civil mexicana. La libertad de expresión se vuelve peligrosa de proclamar, la opinión contraria a estas políticas de la Narcocracia puede costar la vida a manos de un uniformado o un sicario, y las desapariciones forzadas como bien se aprecia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son comunes y, generalmente, sobre estudiantes secundarios. Pese a todo ello, al candidato a presidente de Argentina, Sergio Massa, le parece lo más apropiado para aplicar en el país más austral del mundo.

 

   En un reciente spot publicitario de campaña presidencial, Massa le declara explícitamente la ‘Guerra al Narcotráfico’. En el mismo, expresa su intención de militarizar las fronteras del país para “declararle la guerra al narcotráfico”, en un operativo para el cual integrará a fuerzas policiales, al ejército argentino, a la Marina y a la fuerza aérea. Un proyecto sistemático tal cual lo promovió Felipe Calderón en México. Por último, en el spot señala que las fuerzas armadas también serán utilizadas para “ayudar en los barrios más pobres” que, en otras palabras más concretas, significa militarizar los barrios más humildes con el fin de criminalizar a su población en conjunto, ejercer control social y reprimir cuanto levantamiento o protesta surja. La "ayuda" no existe, es discurso demagogo.



Toma del spot publicitario donde Massa le declara la Guerra al Narcotráfico

 

 

   Este es el anhelo, pretexto para reprimir con mayor severidad, estrategia de marketing, política, instrumento, en fin, la idea central de la campaña de Sergio Massa. Que el narcotráfico sea una de las mafias más peligrosas y en crecimiento de la actualidad es fehaciente, indiscutible y muy fácil de comprobar. Pero también es real que el complejo de lujosos countries de Nordelta, ubicado en el municipio de Tigre donde reside (y del que fue intendente) Massa, es el “aguantadero de capos narco”. Aquí viven los grandes narcoempresarios que se enriquecen con el negocio de las drogas, a quienes nunca llegan a aprehender ni siquiera investigar.

   Las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) de Agosto de este año no dejaron el mejor resultado para el frente electoral liderado por Sergio Massa. Pero eso no impidió que este narcopolítico cambiara su postura de "mano dura". Lejos de ello, endureció su discurso al que le agregó la militarización de fronteras y la Guerra contra el Narcotráfico.

¿Por qué se los llevaron? Reflexiones a un año de Ayotzinapa

   Días siniestros. Horas trágicas. Fue el 26 de septiembre. Pero también el 27. Un saldo de 7 muertos, 17 heridos y 43 desaparecidos. Ya han pasado 365 días, y no aparecen. Eran estudiantes, lo sabemos. Querían mejorar sus condiciones de vida, y las de sus familias, también. ¿Qué estarían haciendo ahora? No lo sabemos. Quizás aprendiendo, quizás movilizándose, quizás recreándose. Eso nunca lo sabremos.

   El dolor de todo un pueblo. Desaforado, gritándole al cielo. Pidiendo la aparición de sus hijos, con vida. Pidiendo el renacimiento del fruto de esas madres que jamás, jamás dejaran de luchar. Porque su existencia se basará en la lucha. De aquí hasta el final. Por esos chavos, sí. Por esos pibes, jóvenes, estudiantes. Vidas. Sueños. Eran 43. Son 43. Serán por siempre 43. Es nuestro deber, como pibes, jóvenes o estudiantes que somos, exigir su aparición. Restitución con vida. Estés en Guerrero, en Cuzco, en Buenos Aires. Pero más importante que exigir su aparición, es renacer los ideales de los 43 de Ayotzi en nosotros. Con facetas distintas para cada contexto. Porque las realidades de las sociedades difieren. Mucho. Pero exijamos lo que nos corresponde. Libertad. Libertad para decidir. Libertad para opinar. Libertad para soñar y para vivir.

   Eran colegas. Eran indios. Eran negros. ¿Por eso se los llevaron? Existe una sola raza, la humana. Eran mexicanos, pero los siento como hermanos míos. Las fronteras son patrañas. No existen. Las crean para dividir y reinar. Que las instituciones del poder no nos separen compañeros, compañeras. Aquel día fueron 43 en Ayotzinapa, Iguala, México. Pero día a día nos desaparecen. Para callarnos. Para vendernos. Para explotarnos. Para dividirnos. El peligro, el temor. Sus armas preferidas. Si no son suficientes, desaparición.

   Son cobardes. Atacan en grupos. Poseen el marco legal a su favor para reprimir. Para asesinarnos. Su amparo es el Estado. Esa inmundicia institucional al servicio de los más poderosos. De los dueños del capital. Los oligarcas. Los terratenientes. Los políticos. Responsables son ellos. Aquí, allá, en todos lados. ¿Qué nos queda por hacer? Muchas cosas. Empecemos por dejar de lado la indiferencia. Esa que te hace cómplice de quien te reprime. Solidaricémonos a nivel global. Las cosas no suceden en un solo lugar. Vivimos en un sistema. Internacional. O se lo combate entero, o no se lo combate. Procesos que tardarán siglos. Pero hay que contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Vale crearlas. Porque sería la mejor manera de reivindicarlos. A ellos. A los 43. A los pibes que se llevaron en las dictaduras latinoamericanas. A los del Mayo Francés. A cada pibe que cae en manos de un represor. Gatillo fácil. En la telaraña de la narcocracia.

   La narcocracia. Drogas, balas, muerte, desaparición forzada. Relaciones carnales del sistema político y el crimen organizado. Todo complementado en un círculo vicioso. Una realidad iniciada en un pueblo. Entre los ranchos. Ahora, una situación muy compleja. Ampliada a países enteros. México. Colombia. Argentina. Que no es sólo el Chapo Guzmán. Es sinónimo de terrorismo. Terrorismo de Estado. En plena democracia. Sí, en democracia. Supera a Peña Nieto. También a su partido. Y a sus aliados. Implica armas, negocios y mucho dinero. Estados Unidos en el medio. Por supuesto. Indisimulable. Común. Normal. Una habitualidad.

   Los bancos vacíos. Las mesas con sus fotografías, esperándolos. La falta de los muchachos. La falta de respuestas de un Estado criminal. Privatizador y entreguista. Responsable de la desaparición multiplicada por miles en los últimos años. Y el sistema político, con todos sus partidos adentro. Responsables de facilitar la existencia de ese Estado. Porque las cosas no se cambian compartiendo techo con tus explotadores. Vean la Comunidad de Cherán. Ni un político quedó. Ni un policía represor quedó. Palabras más, palabras menos. Autogobierno, autodefensa comunitaria y autodeterminación. En tierras donde emergió el zapatismo, era esperable. Enhorabuena. Sin fanatismos. Superando las diferencias ideológicas. Tirando todos para el mismo lado. Una cohesión revolucionaria para nuestros tiempos. Tiempos de individualismo y sectarismo.

   Por esa senda alternativa se encaminaban los normalistas de Ayotzinapa. Hacia la autodeterminación. La Libertad. La lucha por los derechos inherentes a la vida. Hacia la victoria impostergable. La de sus hijos y nietos. ¿Por eso se los llevaron? Difícil de construir una respuesta certera. Demasiada incertidumbre. Pocas certezas. Las relaciones de poder dirigen este mundo. Porque la configuración es capitalista. Aquella persona que lo cuestiona, es peligrosa. Y corre el peligro de ser silenciada. Ultrajada. Desaparecida. Asesinada.

   Un año y no se avanzó en la investigación. Un año y las críticas al sistema político mexicano se multiplicaron. Un año y siguen sin aparecer. Un año y esos padres no saben si volverán a verlos. Un año y esas madres no bajan los brazos. Un año y las esperanzas por hallar justica se renuevan. Un año y el tiempo transcurre. Un año y seguimos esperando. Poco o mucho tiempo, pero sirvió para que reflexionemos. Nos puede tocar a nosotros. Sí. Pero que sepan que en donde haya uno menos, renacerán miles en su lugar.

 

 

   Reflexiones de un pibe, joven, estudiante. Como eran los 43. Y mi interrogante, como el primer día, sigue siendo el mismo:  ¿Dónde están?

El maravilloso mundo de Enrique

 

   Un afortunado sujeto de 48 años, abogado y con una maestría en administración de empresas, que ya cumplió su sueño infantil de gobernar el Distrito Federal (entre 2005 y 2011) y, para completar una biografía llena de éxitos, cabe recordar que desde diciembre de 2012 ocupa el sillón presidencial de los Estados Unidos de México.

   El 4 de marzo pasado durante un encuentro empresarial con inversionistas británicos en el Mansion House en el marco del Foro de Negocios México Day llevado al cabo en Inglaterra, había expresado lo siguiente: “Somos un país que tenemos estabilidad política desde 80 años; somos un país con una democracia consolidada, que ha vivido ya dos alternancias políticas; somos un país que hemos venido modernizando las instituciones del Estado mexicano…”.  Estas palabras resumen el pensamiento de toda la estructura gobernante del Partido Revolucionario Institucional y también del amplio sector de las masas persuadidas que, elección tras elección, permiten que se mantengan en el poder los hijos de los burócratas que dominaron a México durante el siglo pasado.

   La ‘estabilidad política’ desde hace casi un siglo parece olvidar la masacre en la plaza de Tlatelolco en 1968 o la resistencia zapatista desde la selva mexicana, que durante una década (1995-2005) se desarrolló de manera armada. También se evaden los múltiples casos de corrupción por los que atravesaron los distintos gobiernos; incluidos éste de Peña Nieto. El financiamiento económico del monopolista Grupo Televisa y del grupo Alkino a la campaña de Compromiso por México (PRI-PVEM) en las elecciones federales de 2012, así como la compra de miles de votos durante las mismas elecciones, sumado a la permanente crisis de gobernabilidad que sufre esta dirigencia gubernamental, desenmascaran la falacia de un sistema político estable.

   En octubre de 2012 se firmó el “Pacto por México”, que oficializó una unión entre los partidos tradicionales del PRI, el PAN y el PRD. Tenía como objetivo fomentar la ayuda entre mutua entre los legisladores de las distintas fuerzas para impulsar reformas y políticas que beneficiaran a todos los estados del país, dejando de lado las disputas extrapartidarias. Esto significó el fin de la oposición, maquillada por cierto, y la promulgación de un nuevo sistema socioeconómico para, supuestamente, la promoción del bienestar de todas las personas del territorio mexicano. Desde aquella ocasión, los líderes con capacidad electoral para alcanzar el trono ejecutivo, aceptaron representar y defender a la Narcocracia, denominada ‘democracia consolidada’ por Peña Nieto.

   La ‘democracia consolidada’, que asegura la vida para unos pocos, es una especie de democracia al servicio del narcotráfico y las fuerzas represivas del estado. Sólo dos fuerzas políticas disputan los cargos estatales, y son libres de negociar los empresarios que depositan dólares en las cuentas bancarias de los parlamentarios; gozan de libertad de acción sólo los poderosos narcotraficantes, que con sus bandas sicarias se encargan de desaparecer a jóvenes críticos o a líderes de movimientos sociales y populares que están en desacuerdo con el régimen impuesto por esta mafia, y donde el resto, el pueblo, navega hacia la tibia aceptación de las estructuras del poder por desgano o por miedo a la represión, o su desaparición física. Pero aun hoy son millones quienes enfrentan esta realidad al costo de recibir el poder coercitivo y la barbarie estatal sobre sus espaldas, suprimiendo así al máximo las pocas esperanzas de progreso individual y aniquilando permanentemente las del cambio social colectivo. Ellos son los ninguneados por los partidos políticos y por su líder presidencial. En este grupo se hallaban los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ejemplos. Esos 43 que representan apenas una de las muchas consecuencias de la vorágine que provoca la ‘democracia consolidada’ de Enrique, que ya no delira sólo, sino que lo hace con sus seguidores en su extraño y maravilloso mundo.

   Desde la cúspide de la pirámide de funcionarios, Enrique Peña Nieto apela a la defensa del ’proceso de modernización de las instituciones del Estado’, refutable fácilmente. Basta con considerar el crimen de la desaparición forzada de los normalistas para comprender que las instituciones siguen lentas, corruptas y tendenciosas. Existen 13 causas penales relacionadas con el hecho, distribuidas en seis juzgados de distintas ciudades del país y, luego de más de siete meses de búsqueda, aún no se ha dado con el paradero de los cuerpos con o sin vida. Todo avanza lentamente en esta causa, así como las miles ignoradas sobre desapariciones forzadas de personas o de homicidios ejecutados por el crimen organizado en plena democracia consolidada.

   En el ultimo tiempo, se realizaron reformas y otras se encaminan hacia su ejecución, pero ¿Para beneficio de quiénes? La reforma energética comenzó con políticas entreguistas del petróleo, hoy en manos de Pemex, al capital financiero mundial (se editaría el texto del Art.28 de la Constitución Nacional para permitir la inversión de capitales extranjeros en la exploración y explotación de hidrocarburos mediante contratos), y hoy se encuentra en discusión en el Parlamente la privatización del recurso esencial para la vida, por medio de la Ley General de Aguas. Esta misma proveerá concesiones de obras hidráulicas y de sistemas municipales, así como la distribución del agua a la administración privada de grupos corporativos cercanos al gobierno, permitiendo además su empleo para la minería indiscriminada o el fracking de petróleo. Esta ley perjudicará a toda la población mexicana, desde los ciudadanos del Distrito Federal hasta los campesinos en sus comunidades rurales, ya que la necesidad primaria básica de los integrantes pasaría a depender del capital privado empresarial.

   Durante este gobierno también se modificó la Ley Federal del Trabajo y, producto de ella, actualmente los empleadores ni siquiera llegan a retribuirle el salario mínimo por ocho horas trabajadas diariamente por los trabajadores. En el plano educativo, aumentó el porcentaje de colegios y universidades dependientes del capital privado, una tendencia contraria a la supuesta por las obligaciones naturales del Estado, que es la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

   Este es el maravilloso mundo de Enrique (Peña Nieto). En su ideal de pueblo ingresa el total de sus compatriotas, pero en la práctica, sus políticas sólo se dirigen positivamente a empresarios, a inversionistas extranjeros y a narcotraficantes (una relación de simbiosis). Un hombre exitoso, para condenar a un país hacia la ruina.

 

¿Le alcanzará un mandato a Peña Nieto para arruinar a México?

 

 

¿Dónde están?

 

 

 

   Han pasado casi seis meses de la desaparición forzada ocurrida en Iguala y aún no se sabe que ocurrió con los 43 normalistas tras su desaparición.

 

   ¿Fueron asesinados? ¿Están con vida, pero secuestrados? Pese a las distintas hipótesis, entre estas dos posibilidades, se halla la verdadera.

 

 

 

   Los jóvenes eran especiales. No es fácil hallar mentes que sueñan y luchan por un futuro mejor para la sociedad. Los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tenían tradición rebelde. Ya se habían curtido por protestas, movilizaciones y hasta de represiones por parte del Ejército, llevando en sus espaldas, dos muertos producto de la represión de diciembre de 2011, cuando boquearon la Autopista de Sol como medida de protesta para que se cumpliera la demanda de reparaciones para la institución educativa, el aumento de inversión estatal y la garantización de trabajo docente para los egresados de la Normal Rural. Según los testigos del nefasto acontecimiento, los disparos que terminaron con la vida de los dos normalistas, fueron producidos por policías.

   Tres años después de la masacre en la autopista, que quedó sin resolución y sin responsables, el aparato represivo del corrupto Estado Mexicano en complicidad con el grupo terrorista pro-narco de Guerreros Unidos, provocó la muerte de 7 personas, 17 heridos y la desaparición de los 43 normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

   Recientemente la Comisión Investigadora de Derechos Humanos -CIDH-, definió al caso Ayotzinapa como una “desaparición forzada”.  Las hipótesis sobre el desenlace de la tragedia indican que probablemente hayan sido asesinados, por el ejército, la policía o por el grupo criminal, horas más tarde a la noche del 26 de septiembre.

 

   Varias fuentes han afirmado que el grupo terrorista Guerreros Unidos, brazo armado del cártel de droga de la región, los acribilló, para después incinerarlos y desechar los restos calcinados al río San Juan, luego de que la policía de Cocula les haya entregado a los normalistas aún con vida. Sin embargo, las investigaciones forenses todavía no pudieron establecer la veracidad de la hipótesis más desarrollada.

 

Alexander Venancio Mora

 

   En la búsqueda por dar con el paradero de los restos de los normalistas, se descubrieron varias fosas con cadáveres, en parajes ubicados alrededor de la localidad de Iguala.

 

   De ellos, sólo uno correspondió a un normalista. Los restos de Alexander Venancio Mora fueron hallados en diciembre pasado, en un basural de Cocula. Con respecto al resto, la opinión de los padres siempre fue contundente: ellos creen que permanecen secuestrados, aún con vida.

 

 

 

 

 

 

 

   Ayotzinapa marcó un antes y un después en la cotidianeidad del pueblo mexicano. Muchas voces antes silenciadas, se levantaron exigiendo la aparición física de los normalistas, así como también la destitución inmediata del actual presidente Enrique Peña Nieto, máximo responsable político de lo ocurrido. Pese a que en octubre de 2014 se haya reunido con los padres de los jóvenes desaparecidos, el estancamiento intencional de las investigaciones y la desconfianza de millones de personas sobre la seriedad del poder judicial mexicano, colocan en el ojo de la tormenta al presidente Enrique Peña Nieto.

   Los partidos políticos opositores al Partido Revolucionario Institucional -PRI- que hoy gobierna, tratan de canalizar el descontento de la población mediante consignas esperanzadoras, aunque sólo para aumentar su caudal de votos y número de militantes. Utilizan la manipulación para con el caso Ayotzinapa, con el fin de ser los próximos gobernantes (aunque las encuestas mantienen al PRI como preferencia por la mayoría mexicana).

   El Estado mexicano es responsable de la desaparición de los normalistas, y de todos los asesinatos producidos y encubiertos por sus fuerzas de seguridad (crímenes de lesa humanidad). Los carteles de droga, y su famoso método del crimen organizado, responsables de la desaparición de los normalistas y pretexto tomado por el Estado mexicano para desarrollar el sistema político-represor de la narcocracia. Los partidos políticos opositores, responsables de no representar la voluntad de las mayorías mexicanas, como nunca lo hará una organización interesada en acceder al Estado.

 

Las manifestaciones han escogido la consigna "Fue el Estado" mayoritariamente.

 

   Una democracia que se desprestigia con la corriente corrupción y las relaciones directas que construyen los funcionarios políticos con el crimen organizado. Una red extensa y en crecimiento de narcotraficantes armados. Miles de desaparecidos. El peligro permanente que representa ser estudiante y activista a la vez. Hoy son 43 a los que buscamos, pero mañana pueden multiplicarse.

   En medio de la vorágine sociopolítica por la que transcurre sus días el pueblo mexicano, persiste aún el retórico interrogativo     ¿Dónde están?

México: Entre la narcocracia y la autoorganización del pueblo

 

 

   El gobierno actual, con mayoría parlamentaria y conducción del Partido Revolucionario Institucional-PRI-, con buena presencia del Partido de la Revolución Democrática-PRD-, el Partido Acción Nacional-PAN- y el Partido Verde Ecologista de México-PVEM-; no es más que un rejunte de la burocracia que viene gobernando México desde el siglo XX.

   Los vínculos que el gobierno federal ha construido y mantenido con el crimen organizado y los cárteles de droga, corrompen a diario todos los estratos estatales, locales y regionales de gobierno. El Sistema Político Mexicano, en su totalidad, se encuentra inepto para satisfacer las demandas de la población.

   Actualmente viene floreciendo una “alternativa de izquierda” a cargo del Movimiento Regeneración Nacional-MORENA-, liderada por el ex candidato a presidente Andrés Manuel López Obrador (quien tiene vínculos directos con el ex alcalde de Iguala y máximo apuntado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas, José Luis Abarca). Este partido político que nació allá por 2012 como un movimiento social, y que recién en julio de 2014 alcanzó el registro como partido político, cuenta con un programa de tendencia reformista para con las instituciones y de medidas que beneficiarían al pueblo, aunque no lograrían el cambio necesario.

   En este clima de descontento social, indignación, búsqueda de justicia y del inicio, posiblemente, de la transformación radical del sistema político por instituciones independientes más confiables y representativas de los derechos e intereses de las mayorías pobres, se abre el abanico de posibilidades, de entre las cuales el pueblo mexicano deberá optar por una.

 

Todos los partidos buscan lo mismo, llegar al poder político.

 

¿Partidos tradicionales, MORENA o la autoorganización?

 

   El hecho de optar por los partidos tradicionales o por el Movimiento Regeneración Nacional, permitirá la continuación del sistema de gobierno que ya muchos males le ha traído a la sociedad mexicana durante décadas. Todos los candidatos provienen de una casta burocratizada perteneciente al 1% más rico del mundo, y que de ninguna manera posee intenciones de cambio. 

   Ningún partido político logrará cambiar el rumbo de la historia. Ante ello, las clases bajas deben unirse. Las mayorías trabajadoras, los estudiantes y campesinos, deben aprehender las nutridas experiencias que brindan las cooperativas integrales de Chiapas; la comunidad de Charán -Michoacán-, la cual partió como una forma de autofedensa civil y que actualmente se rige bajo un Consejo Autónomo integrado por representantes de cada uno de los barrios que la conforman; y sobretodo de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas -MAREZ-, donde es “el pueblo en rebeldía quien manda y el gobierno quien obedece”, como bien lo indica su eslogan.

   En ellos, es la autogestión y la autoorganización quienes conducen la cotidianeidad de la gente. Ningún político, sino asambleas generales son las que determinan estrategias económicas para el desarrollo o aprueban leyes para la sociedad. Es allí, donde el gobierno estatal se vuelve obsoleto, y se visualiza perfectamente la capacidad propia que tienen los pueblos de autogobernarse.

 

La sociedad no necesita financiar costosas elecciones y mantener a millonarios políticos.

 

Esperanzas en el horizonte

 

 

   Desde la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa -Guerrero-, en México se respira un aire distinto. El pueblo, cansado de los crímenes organizados, de los carteles de droga que dominan regiones enteras, y de la renombrada ineficacia de un aparato estatal seriamente deteriorado, comienza a desarrollar alternativas autogestoras, de autoorganización, autodefensa civil y hasta componiendo una estructura propia de gobierno al servicio de las necesidades del conjunto poblacional.

   Estos métodos se desarrollan en un ambiente de acción directa sin intermediadores, sin gobierno dependiente de los tradicionales partidos burocratizados, ni militares extranjeros en territorio soberano. Estos últimos, quienes son utilizados por las fuerzas imperialistas (caso Estados Unidos y su "Operativo Rápido y furioso") y por el narcogobierno de Enrique Peña Nieto como pretexto de lucha contra el narcotráfico, con el fin evidente de reprimir, desaparecer, incinerar y, así, terminar con la oposición a su régimen.

   Las protestas, que ya llevan meses a raíz del caso de Ayotzinapa, y que se abanderan con el pedido de la aparición con vida de los 43 humildes jóvenes, dejan en evidencia que las instituciones del Estado lejos de servir para resolver los problemas cotidianos de la población, se posicionan férreamente al servicio de la inteligencia extranjera y los intereses de las empresas privadas.

 

Los partidos políticos y las elecciones antidemocráticas sólo sirven para legitimar a un Estado inútil y corrupto.