Un afortunado sujeto de 48 años, abogado y con una maestría
en administración de empresas, que ya cumplió su sueño infantil de gobernar el
Distrito Federal (entre 2005 y 2011) y, para completar una biografía llena de éxitos,
cabe recordar que desde diciembre de 2012 ocupa el sillón presidencial de los Estados Unidos de México.
El 4 de marzo pasado durante un encuentro empresarial con
inversionistas británicos en el Mansion House en el marco del Foro de Negocios
México Day llevado al cabo en Inglaterra, había expresado lo siguiente: “Somos un país que tenemos estabilidad
política desde 80 años; somos un país con una democracia consolidada, que ha
vivido ya dos alternancias políticas; somos un país que hemos venido
modernizando las instituciones del Estado mexicano…”. Estas palabras resumen el pensamiento de toda
la estructura gobernante del Partido Revolucionario Institucional y también del
amplio sector de las masas persuadidas que, elección tras elección, permiten
que se mantengan en el poder los hijos de los burócratas que dominaron a México durante el siglo pasado.
La ‘estabilidad
política’ desde hace casi un siglo parece olvidar la masacre en la plaza de
Tlatelolco en 1968 o la resistencia zapatista desde la selva mexicana, que
durante una década (1995-2005) se desarrolló de manera armada. También se
evaden los múltiples casos de corrupción por los que atravesaron los distintos
gobiernos; incluidos éste de Peña Nieto. El financiamiento económico del
monopolista Grupo Televisa y del grupo Alkino a la campaña de Compromiso por
México (PRI-PVEM) en las elecciones federales de 2012, así como la compra de
miles de votos durante las mismas elecciones, sumado a la permanente crisis de
gobernabilidad que sufre esta dirigencia gubernamental, desenmascaran la
falacia de un sistema político estable.
En octubre de 2012 se firmó el “Pacto por México”, que
oficializó una unión entre los partidos tradicionales del PRI, el PAN y el PRD. Tenía como objetivo fomentar la ayuda entre mutua entre los legisladores de las distintas fuerzas para impulsar reformas y políticas que beneficiaran a todos los estados del país, dejando de lado las disputas extrapartidarias.
Esto significó el fin de la oposición, maquillada por cierto, y la promulgación de un nuevo
sistema socioeconómico para, supuestamente, la promoción del bienestar de todas
las personas del territorio mexicano. Desde aquella ocasión, los líderes con
capacidad electoral para alcanzar el trono ejecutivo, aceptaron representar y
defender a la Narcocracia, denominada ‘democracia consolidada’ por Peña Nieto.
La ‘democracia
consolidada’, que asegura la vida para unos pocos, es una especie de
democracia al servicio del narcotráfico y las fuerzas represivas del estado.
Sólo dos fuerzas políticas disputan los cargos estatales, y son libres de
negociar los empresarios que depositan dólares en las cuentas bancarias de los
parlamentarios; gozan de libertad de acción sólo los poderosos narcotraficantes,
que con sus bandas sicarias se encargan de desaparecer a jóvenes críticos o a líderes
de movimientos sociales y populares que están en desacuerdo con el régimen
impuesto por esta mafia, y donde el resto, el pueblo, navega hacia la tibia
aceptación de las estructuras del poder por desgano o por miedo a la represión,
o su desaparición física. Pero aun hoy son millones quienes enfrentan esta
realidad al costo de recibir el poder coercitivo y la barbarie estatal sobre
sus espaldas, suprimiendo así al máximo las pocas esperanzas de progreso
individual y aniquilando permanentemente las del cambio social colectivo. Ellos
son los ninguneados por los partidos políticos y por su líder presidencial. En
este grupo se hallaban los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ejemplos. Esos 43
que representan apenas una de las muchas consecuencias de la vorágine que
provoca la ‘democracia consolidada’ de Enrique, que ya no delira sólo, sino que
lo hace con sus seguidores en su extraño y maravilloso mundo.
Desde la cúspide de la pirámide de funcionarios,
Enrique Peña Nieto apela a la defensa del ’proceso
de modernización de las instituciones del Estado’, refutable fácilmente.
Basta con considerar el crimen de la desaparición forzada de los normalistas
para comprender que las instituciones siguen lentas, corruptas y tendenciosas.
Existen 13 causas penales relacionadas con el hecho, distribuidas en seis juzgados
de distintas ciudades del país y, luego de más de siete meses de búsqueda, aún
no se ha dado con el paradero de los cuerpos con o sin vida. Todo avanza
lentamente en esta causa, así como las miles ignoradas sobre desapariciones
forzadas de personas o de homicidios ejecutados por el crimen organizado en
plena democracia consolidada.
En el ultimo tiempo, se realizaron reformas y otras se encaminan hacia su ejecución, pero ¿Para beneficio de quiénes? La
reforma energética comenzó con políticas entreguistas del petróleo, hoy en manos de Pemex, al capital financiero mundial (se editaría el texto del Art.28 de la Constitución Nacional para permitir la inversión de capitales extranjeros en la exploración y explotación de hidrocarburos mediante contratos), y hoy se encuentra en discusión en el Parlamente la privatización del
recurso esencial para la vida, por medio de la Ley General de Aguas. Esta misma
proveerá concesiones de obras hidráulicas y de sistemas municipales, así como la
distribución del agua a la administración privada de grupos corporativos cercanos
al gobierno, permitiendo además su empleo para la minería indiscriminada o el
fracking de petróleo. Esta ley perjudicará a toda la población mexicana, desde
los ciudadanos del Distrito Federal hasta los campesinos en sus comunidades
rurales, ya que la necesidad primaria básica de los integrantes pasaría a depender del capital privado empresarial.
Durante este gobierno también se modificó la Ley Federal del
Trabajo y, producto de ella, actualmente los empleadores ni siquiera llegan a
retribuirle el salario mínimo por ocho horas trabajadas diariamente por los trabajadores.
En el plano educativo, aumentó el porcentaje de colegios y universidades
dependientes del capital privado, una tendencia contraria a la supuesta por las
obligaciones naturales del Estado, que es la defensa de la educación pública,
gratuita y de calidad.
Este es el maravilloso mundo de Enrique (Peña Nieto). En su ideal de pueblo ingresa el total de sus compatriotas, pero en la práctica, sus políticas sólo se dirigen positivamente a empresarios, a inversionistas extranjeros y a narcotraficantes (una relación de simbiosis). Un hombre exitoso, para condenar a un país hacia la ruina.
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| ¿Le alcanzará un mandato a Peña Nieto para arruinar a México? |
