El candidato presidencial por la República Argentina, Sergio
Massa, quien fuera Jefe de Gabinete entre los años 2008 y 2009 durante la
primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner e intendente del municipio
bonaerense de Tigre durante dos períodos (2007-2008 y 2009-2013), es uno de los
tres políticos con reales posibilidades de acceder a la cúpula del poder
estatal argentino. Si bien, es difícil que logre alcanzar el sillón
presidencial dado que la diferencia de votos que sacó el candidato más votado
respecto a él, es muy amplia (Daniel Scioli, del FPV-Frente para la Victoria-,
quien duplicó los votos del frente electoral que nuclea a Massa), lo cierto es
que las intenciones del equipo liderado por este candidato se asemejan a las
practicadas por el Estado mexicano de sus dos últimos gobiernos: Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012 hasta la actualidad).
Estas políticas, lejos de centrarse a fomentar
el desarrollo de la industria nacional, o a defender la soberanía territorial a
contraposición de la entrega de los recursos a los monopolios extranjeros, o a
mejorar la salud o educación del sector público, se dirigen descaradamente hacia
la constitución de un nuevo sistema de democracia sociopolítica: la denominada
Narcocracia o la democracia narco. La diferencia fundamental con la democracia
parlamentaria radica en la sensación de una “Guerra contra el narcotráfico” que
invade a la población, y se caracteriza por el carácter “bélico” que toman las
decisiones de los gobernantes, las cuales se plasmarán en la realidad como
aumento de presupuesto para las fuerzas represivas del Orden, más libertad de
acción (es decir, de represión), mayor militarización de los barrios pobres
-villas- y un aumento superlativo de la criminalización.
Guerra contra el Narcotráfico: Caso mexicano
Militarización en México. |
El primero de diciembre de 2006, en su primer día como
presidente electo de México, Felipe Calderón le incrementaba el salario a la
Policía Federal y a las Fuerzas Armadas mexicanas. Apenas diez días después dio
inicio al primer operativo militar, el Operativo Conjunto Michoacán, enmarcado
en la “Guerra contra el Narcotráfico” y el crimen organizado. Según los
pensadores de este proyecto, el objetivo era desarticular, debilitar y destruir
a los cárteles del narcotráfico, mediante el uso de la violencia estatal
llevada al cabo por su brazo armado, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el aparato represivo mexicano no viene operando
desde hace nueve años, en soledad. La Policía Federal, el Ejército, la Marina,
la Fuerza Aérea y la SEDENA -Secretaría de Defensa Nacional-, entre otros
organismos, reciben apoyo internacional permanente de los Estados Unidos (quien
planea la Iniciativa Mérida), por medio de la DEA -Administración para el
Control de Drogas-, el FBI y el Cuerpo de Alguaciles, y Colombia.
Un Estado al servicio de la Guerra contra el Narcotráfico. |
La violación a los derechos humanos, las
desapariciones forzadas y los asesinatos de lesa humanidad se multiplicaron
desde la instauración de la Narcocracia. Se estima, como mínimo, un saldo de 60.461
muertos, de los cuales 59 eran periodistas, producto de esta Guerra entre el
Estado mexicano y los cárteles de droga. Además, el Ejército, utilizando el
pretexto de la lucha armada contra el Narcotráfico, asesinó guerrilleros del
EPR -Ejército Popular Revolucionario- y del ERPI -Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente-, ambas organizaciones marxistas-leninistas que operan
actualmente en los montes mexicanos. También han sido capturados autodefensas,
entre los que se destacan los reconocidos Hipólito Mora y José Mireles.
No pareciera ser un buen ejemplo a seguir implementar la denominada "Guerra contra
el Narcotráfico" que causó y aún hoy continúa provocando estragos en la población civil
mexicana. La libertad de expresión se vuelve peligrosa de proclamar, la opinión
contraria a estas políticas de la Narcocracia puede costar la vida a manos de
un uniformado o un sicario, y las desapariciones forzadas como bien se aprecia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son comunes y, generalmente, sobre estudiantes secundarios. Pese a
todo ello, al candidato a presidente de Argentina, Sergio Massa, le parece lo
más apropiado para aplicar en el país más austral del mundo.
En un reciente spot publicitario de campaña presidencial,
Massa le declara explícitamente la ‘Guerra al Narcotráfico’. En el mismo, expresa
su intención de militarizar las fronteras del país para “declararle la guerra al narcotráfico”, en un operativo para el cual
integrará a fuerzas policiales, al ejército argentino, a la Marina y a la fuerza aérea. Un proyecto sistemático tal cual lo promovió Felipe Calderón en México. Por último, en el spot
señala que las fuerzas armadas también serán utilizadas para “ayudar en los barrios más pobres” que,
en otras palabras más concretas, significa militarizar los barrios más humildes
con el fin de criminalizar a su población en conjunto, ejercer control social y
reprimir cuanto levantamiento o protesta surja. La "ayuda" no existe, es discurso demagogo.
Este es el anhelo, pretexto para reprimir con mayor severidad, estrategia de marketing, política, instrumento, en fin,
la idea central de la campaña de Sergio Massa. Que el narcotráfico sea una de
las mafias más peligrosas y en crecimiento de la actualidad es fehaciente, indiscutible
y muy fácil de comprobar. Pero también es real que el complejo de lujosos
countries de Nordelta, ubicado en el municipio de Tigre donde reside (y del que fue intendente) Massa, es el
“aguantadero de capos narco”. Aquí viven los grandes narcoempresarios que se
enriquecen con el negocio de las drogas, a quienes nunca llegan
a aprehender ni siquiera investigar.
Las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) de Agosto de este año no dejaron el mejor resultado para el frente electoral liderado por Sergio Massa. Pero eso no impidió que este narcopolítico cambiara su postura de "mano dura". Lejos de ello, endureció su discurso al que le agregó la militarización de fronteras y la Guerra contra el Narcotráfico.