La institución de la Ley tiene su origen, conformación,
reforma y mantenimiento en el interés estratégico del Estado por crear
relaciones de poder (donde su Corte Suprema goza de una absoluta arbitrariedad para juzgar) justificables
en base a los principios de la legalidad técnica-racional diagramada por su
aparato legislativo y puesta en funcionamiento por el poder judicial.
La estructura legal está compuesta por leyes, que son reglas
formalizadas de cumplimiento obligado, que rigen en una supuesta consonancia
con la justicia y la ética de la población, empleadas con el objetivo de
obligar, regular o prohibir actos, procesos y prácticas de individuos o grupos.
Éstas son propuestas (bajo sus valores), tratadas (en base a su idiosincrasia)
y sancionadas (de acuerdo a su moral y prejuicios) por los legisladores (burocracia) del
Estado nacional. Es decir, un grupo de unos pocos miles de políticos (una casta
económicamente estéril) financiados por la sociedad, ejerce la función legalizadora
de normas que luego deberán ser respetadas, o en su defecto habrá castigo penal
o financiero, por los ciudadanos y campesinos de un país.La legalidad necesita la existencia de una sociedad sumisa que sirva como fuente de garantía para su legitimación. Al fin y al cabo el Estado, inundado de pragmatismo, busca que los habitantes lo constituyan como un Estado de Derecho, al que se le otorgue una suprema potestad para dominar las relaciones sociales, intervenir en los conflictos surgidos entre personas y, sobretodo, para contener todo movimiento revolucionario que cuestione los privilegios de las clases dominantes y afecte a la paz social. Además, en estos sistemas estatales el ciudadano común se suma activamente a la defensa de la legalidad tras incorporar la Cultura de la Legalidad.
Cultura de la Legalidad
Roy Godson, profesor emérito de la Universidad de
Georgetown, define a la Cultura de la Legalidad de una sociedad como “el
conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población
crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad”. Godson
plantea que la Cultura de la Legalidad incita a la involucración voluntaria de
los ciudadanos a las instituciones, para apoyarlas,
participar en el sostenimiento del sistema judicial, y reducir las ilegalidades en
todos los estratos sociales.
Trata de un mecanismo de autorrealización personal y control
social, que prioriza el respeto a la ley (sin importar si la disposición formal
haya tratado de un arbitraje político), las costumbres regionales, la
normalidad y es la máxima expresión de la legitimación de la justicia injusta
que provee el sistema judicial del Estado. La sociedad forma una militancia de
la legalidad y justicia (burguesas), creyendo que es la mejor manera de
contribuir al interés público y que lo beneficiará a largo plazo. La realidad fehaciente, contraria a la imaginada,
indica que lo único que se logra es profundizar la legitimación de un Statu Quo
sumamente desigual e inequitativo.
En toda sociedad practicante de una Cultura de la Legalidad,
sus habitantes asumen con lealtad los siguientes principios:
1. Responsabilidad comunitaria para cooperar con las
autoridades y respetar la ley de las demás personas.
2. Demostrar intereses y conocer las normas básicas que las
regulan.3. Respeto hacia las leyes -normas sociales-.
4. Rechazo y condena a los actos ilegales.
5. Colaboración permanente con las dependencias del sistema de procuración de justicia.
Existen 4 criterios que constituyen un Estado de derecho:
1. Las leyes se
establecen de manera democrática mediante mecanismos formales (la supuesta
participación de toda la sociedad en la creación de leyes es una falacia, ya
que los legisladores son los únicos con capacidad de sanción o no, según sus
puntos de vista)
2. Las leyes protegen
los derechos individuales (tanto en la convivencia entre personas o como
parte de una sociedad)3. Las leyes se aplican a todos por igual (son de carácter general, por lo que no se debería diferenciar ante la ley a una mujer de un hombre, como suele suceder en la mayoría de los casos)
4. Las leyes se hacen cumplir por igual (inclusive a los gobernantes, lo que se presenta como otra falacia, porque los dueños del poder político por más que violen leyes, muy raramente llegan a instancias de juicio)
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| ¿Realmente el Estado puede proveer igualdad? |
Las decisiones del Parlamento determinan lo satisfactoriamente
permitido y lo reciamente prohibido en una sociedad de ‘iguales ante la ley’.
Ese es el precio de aceptar vivir bajo un Estado de Derecho, donde cada persona
debe acatar lo encomendado por la ley, respeta las normas jurídicas y sociales,
y promoverlas para que otras las cumplan. La libertad, por consiguiente, se
convierte en un vago reflejo de lo prohibido. Se presenta anulada por el Estado
en complicidad con la sociedad.
Paralelamente, aquí se presenta la contradicción de quienes
auguran revolucionar ‘desde adentro’, ya que terminan aprehendiendo los valores
elitistas de las clases dominantes y aceptando las condiciones que impone la
democracia burguesa, ya sean en cuestión de elecciones o en mafias del poder.
La consecuencia de confrontar con las clases dominantes en su territorio de
condicionamiento legal es una innegable traición a los ideales de cambio que
sufrirá cualquier progresista. Su última herramienta de lucha, intransigente a
esta altura, pasará a ser el discurso.No deberíamos caer en la tentación de devengar nuestra libertad a la legalidad actual o a las promesas de reforma de la legalidad que a menudo nos invaden desde partidos políticos ajenos al gobierno actual. El primer paso para construir un verdadero sistema social alternativo es no acatar lo convenido por el poder político y mucho menos su Cultura de la Legalidad, sino plantear nuevos modelos de convivencia social donde se destaque la posibilidad de aceptación o no (futura revisión y transformación) de lo acordado para luego ponerlos en práctica. Así se evadiría la búsqueda de la normalización de los seres humanos (completamente distintos) y la existencia de un Estado, con su brazo represor necesario para hacer cumplir su legalidad.
¿Cómo un minúsculo porcentaje de la población total de un país puede aprobar las leyes que deberán respetar, sean para bien o sean para mal, todos los habitantes? Cada pueblo, ciudad, provincia o región es distinta. Siendo más específico, cada grupo de individuos posee necesidades, deseos, oficios, intereses distintos. Lo más próximo a una democracia directa, aun dentro del actual sistema socioeconómico, constaría de referéndums para leyes que incumban a provincias o países, y una permanente celebración de asambleas ordinarias con libre participación de las personas para cada barrio, pueblo, sección vecinal o ciudad.
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| Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley |
