Protocolo Antipiquetes: Se profundiza el modelo de represión y criminalización de la protesta social

   En el día de ayer se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en la ciudad turística rionegrina de Bariloche. El encuentro, al que asistió y dio apoyo gran parte de los ministros de Seguridad de todo el país, fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, la tan polémica Patricia Bullrich.

   Allí se aprobó el “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones”. Esto significa un gran retroceso en materia de derechos humanos y libertades democráticas de la población porque limitará al máximo el libre uso de la protesta social y, como contracara a ello, se les permitirán a las fuerzas represivas del orden una serie de acciones que ameritan, como mínimo, el repudio de las clases populares.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.

   El protocolo, que viola hasta la mismísima Constitución Nacional, priorizará el orden público (en este caso, la libre circulación de personas y transportes por las vías de comunicación terrestre), por encima de la integridad física de los manifestantes. En otras palabras, se dará rienda suelta a la represión contra quienes corten una calle “sin haber dado un previo aviso del piquete” a las autoridades competentes.


   Por otro lado, a partir de ahora los agentes represores del Estado no estarán exentos de usar el arma de fuego en medio de una protesta y tampoco se verán obligados a utilizar el uniforme reglamentario ni a llevar consigo identificación alguna, por lo que sus facultades y libertades para abusar de su autoridad, aumentarán de manera intolerable para el pueblo.

   Desde ahora y en más, será la policía quien decida si una persona se encuentra cometiendo un delito o no. Acciones tales como prender fuego en la vía pública o en un piquete, y el hecho de llevar pirotecnia o algún elemento químico pueden ser consideradas como delito y quien “delinca”, encarcelado a la brevedad.

   Por último, los periodistas que pretendan cubrir una manifestación, tendrán que acatar las restricciones del lugar que decidan los represores. Por este motivo, su labor se verá seriamente afectada a causa de este protocolo que, vale aclarar, ni siquiera fue motivo de discusiones en el Parlamento argentino, cuestión por la que implica un rotundo atropello a la Democracia que los políticos dicen defender en sus discursos.

   Este protocolo profundizará el modelo de represión, criminalización de la protesta social y censura que viene imponiendo el gobierno macrista desde su asunción en el poder. Son millones, en su mayoría quienes respaldaron a estos políticos con su voto, quienes justifican cada medida reaccionaria, cada despido, cada desalojo y cada reprimido por esta nefasta gestión. Ellos también serán responsables de las muertes que ocasionarán Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta y todo el aparato represivo de Argentina.